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Detenidos, desaparecidos en Uruguay
 
El grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos nació en 1983, de la unión de 3 grupos de familiares de desaparecidos: AFUDE (Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos), fundada en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977 y Familiares de Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982.
 
Desde sus comienzos, los grupos intentaron llegar a la verdad respecto a la situación de sus hijos, hermanos, esposos, padres; realizaron denuncias a nivel nacional e internacional y divulgaron el problema en todos los ámbitos en que fue posible hacerlo.
 
Una vez recuperada la democracia, algunas violaciones a los derechos humanos fueron enmendadas. No así la causa de los detenidos-desaparecidos.
 
A fines de 1986 el Parlamento aprobó la ley de "Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado", por la que el Estado Uruguayo renunció a su poder-deber de juzgar penalmente a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta el 1º de marzo de 1985. Esta ley fue plebiscitada y ratificada por la ciudadanía, ratificación incidida por una campaña de intimidación sobre un posible retorno de las fuerzas represivas y una actitud totalmente parcial de los medios masivos de difusión.
 
El artículo 4º de la referida ley impone al Poder Ejecutivo la obligación de investigar las denuncias sobre desaparecidos. El presidente Julio M. Sanguinetti encomendó la investigación a fiscales militares y de hecho, las investigaciones no se realizaron. Los familiares ni siquiera fueron recibidos por los presidentes durante las tres primeras legislaturas luego de reiniciados los gobiernos constitucionales. Recién con la asunción del Dr. Jorge Batlle se concretó una entrevista.
 
El presidente resolvió conformar una "Comisión para la Paz", con el objeto de recabar información que permita aclarar la situación y destino de los detenidos desaparecidos. Esta comenzará a actuar en agosto. El grupo de familiares deberá aportar la mayor cantidad de elementos posible: los datos que ya tiene, más todos los que surjan en adelante, favorecidos por el clima que ha generado la decisión presidencial y el hecho de que el miedo ya no pesa como otrora. Esto implica actualizar la carpeta de cada desaparecido con todos los testimonios que a él se refieran, citar a los familiares que se han apartado del grupo y a los testigos a fin de que ratifiquen sus dichos, sistematizar las denuncias, declaraciones, etc., informatizarlas, cotejar las diversas fuentes. Es una ardua tarea que hasta el momento no se ha podido realizar a satisfacción.
 
Nos encontramos en una coyuntura favorable. Si bien no es éste el camino que hubiéramos elegido, ya que entre otras falencias no apunta a la justicia, nos brinda un posible acercamiento a la verdad.

Tomado del sitio web se SERPAJ / Uruguay

 

 
 
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